En un análisis profundo sobre el regreso de la minería metalífera a la provincia, el gobernador Alfredo Cornejo afirmó que Mendoza ha iniciado un proceso institucional y técnico sin precedentes. Según el mandatario, tras 15 años de vigencia de la Ley 7.722 sin desarrollos concretos, el Estado provincial ha logrado finalmente articular mecanismos de evaluación ambiental y control que brindan las garantías necesarias para la inversión y la tranquilidad social.

«El desafío es demostrar que los controles pueden funcionar», sentenció Cornejo en diálogo con medios especializados. El gobernador explicó que Mendoza está transitando etapas que antes no había podido sortear: evaluaciones de impacto ambiental completas, análisis técnicos exhaustivos y una voluntad política de pasar de la potencialidad a la producción efectiva. Este nuevo escenario se apoya en la transparencia y en el rigor científico de los organismos de control.

El mandatario destacó que este camino no solo busca reactivar la economía, sino también ganar la confianza de la ciudadanía. Con hitos recientes como el avance del Distrito Minero Malargüe Occidental y la aprobación de nuevos proyectos de exploración, Mendoza aspira a cerrar el 2026 con un ecosistema minero dinámico y seguro. Para Cornejo, la clave reside en la profesionalización de la supervisión estatal, asegurando que cada proyecto cumpla con los estándares internacionales más exigentes de sostenibilidad.