Santos Casimiro: «Los recursos son salteños y tenemos una ley vigente que exige entre el 40% y el 70% de proveedores locales»

El presidente de CARPROMIT analizó la audiencia pública del proyecto de cobre Taca Taca, exigió garantías hídricas sobre Vega de las Burras y defendió la Ley Provincial 8164 frente a los cambios del RIGI nacional.

El presidente de la Cámara Regional de Proveedores Mineros y Turísticos de La Puna (CARPROMIT) con sede en Tolar Grande, Santos Casimiro, fijó la postura de las empresas locales frente al avance de los grandes proyectos en la Puna salteña y las recientes modificaciones normativas a nivel nacional. En entrevista televisiva, el dirigente destacó el crecimiento de la entidad creada hace un año como una herramienta clave para que los emprendedores del departamento Los Andes participen de manera directa en la cadena de valor minera.

Respecto de la reciente audiencia pública del proyecto cuprífero de clase mundial Taca Taca, operado por First Quantum, Casimiro confirmó que la cámara participó formalmente tras analizar de manera exhaustiva los informes técnicos presentados. Si bien remarcó que Tolar Grande es una comunidad netamente pro minera que convive con el desarrollo de proyectos como Lindero —hoy en operación— y Mariana —ya en etapa de producción—, advirtió que el avance de Taca Taca requiere garantías firmadas y de largo plazo sobre el cuidado del agua y la salud.

El dirigente puso el foco en la preservación de Vega de las Burras (Vega La Bulla), ubicada en cercanías de las serranías del Macón Grande, de donde se abastece el pueblo mediante un acueducto. Casimiro recordó que la localidad sufrió históricamente la escasez hídrica —llegando incluso a trasladar agua por ferrocarril desde la estación Caipe cuando se secaron las vertientes del cerro Macón— y subrayó que, ante un proyecto con una proyección superior a los 35 años, es fundamental asegurar la sustentabilidad de esa reserva de agua dulce.

Por otra parte, el titular de CARPROMIT se refirió al decreto nacional que reglamenta el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual amplía el concepto de «proveedor local» a nivel nacional permitiendo que firmas extranjeras radicadas en el país o compañías de grandes centros urbanos compitan en igualdad de condiciones con las pymes provinciales. Frente a este escenario, y de cara a las rondas de negocios del RIGI realizadas en Rosario y programadas para el 2 de diciembre en Buenos Aires, Casimiro reivindicó el marco jurídico salteño.

«Respetamos las determinaciones del decreto nacional, pero Salta tiene su propia ley y los recursos son salteños», afirmó el dirigente. En esa línea, recordó la plena vigencia de la Ley Provincial 8164, que establece que entre el 40% y el 70% de los proveedores contratados deben ser locales, dejando el margen restante para las disposiciones del régimen nacional. Asimismo, llamó a fortalecer la unidad con las cámaras del NOA y la Mesa del Litio para evitar el centralismo y asegurar que el desarrollo quede en el área de incidencia.

Finalmente, Casimiro señaló que, a diferencia de lo ocurrido hace una década cuando la falta de experiencia dejó afuera ciertas exigencias comunitarias en las primeras evaluaciones ambientales, hoy los proveedores de Tolar Grande trabajan para que la prioridad de contratación local quede expresamente documentada en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Taca Taca. «Hoy tenemos que andar golpeando puertas para ser parte primaria del desarrollo y no queremos seguir pecando con esos errores en esta nueva declaración», concluyó, expresando su confianza en que la DIA pueda aprobarse antes de fin de año mediante un trabajo articulado entre el sector público, las empresas y las comunidades.

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