Salta reestructura su gabinete y designa nuevo titular para Producción y Minería
El gobernador de Salta definió una nueva estructura de gobierno que comenzará su mandato el 10 de diciembre. Dentro de los cambios anunciados, el principal es la designación de Gustavo Carrizo como nuevo responsable de la cartera de Producción y Minería, en reemplazo de Martín de los Ríos. Con esta decisión, el área de Ambiente quedaría separada de la nueva cartera.
La reconfiguración gubernamental implica una reorganización de funciones, lo que marca una apuesta clara por fortalecer el perfil productivo y minero en la provincia. La eliminación de la cartera combinada Producción-Ambiente busca —según fuentes oficiales— agilizar la gestión de políticas mineras e industriales, dejando el foco en producción y desarrollo económico.
Un giro estratégico hacia la minería y producción
La designación de Carrizo al frente de Producción y Minería llega en un contexto de fuerte impulso a la minería en Salta. En los últimos años la provincia consolidó una cartera amplia de proyectos de litio, cobre y minerales críticos, con inversiones de peso, apertura de proveedores locales y un marco normativo que busca atraer inversiones.
Al asumir sin la cartera de Ambiente, la nueva gestión deberá articular con los organismos ambientales provinciales y nacionales para garantizar que el desarrollo minero respete estándares de sustentabilidad, regulación y participación social. Esto representa un desafío relevante, ya que la minería salteña ha multiplicado su actividad en producción de litio, instalación de plantas industriales y crecimiento de proveedores locales.
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Expectativas y tensiones en el sector
Para el sector minero, la reestructuración genera expectativas de mayor agilidad administrativa y priorización del desarrollo productivo. Se espera que esta conducción facilite la aprobación de proyectos, reduzca trabas burocráticas, y fortalezca las inversiones.
Sin embargo, representantes del ámbito ambiental advierten sobre la necesidad de mantener estándares de control, fiscalización y protección ecológica, especialmente ante la expansión de emprendimientos mineros en zonas sensibles.