La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) emitió un duro comunicado oficial en el que rechazó de manera categórica la adjudicación de obras en el proyecto cuprífero Vicuña a una firma extranjera. La entidad, que nuclea a las cámaras de proveedores de las principales provincias del sector —incluyendo a CAPEMISA de Salta, y CASEMI, CAPPROMIN y CAPRIMSA de San Juan—, advirtió sobre el grave peligro que esta práctica representa para el entramado industrial nacional y para la credibilidad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El conflicto se desató tras conocerse la contratación de una empresa china, asociada con una firma santafesina, para ejecutar una mega obra en el Campamento Vicuña (San Juan), operado por la alianza entre BHP y Lundin Mining. Desde FAPROMIN calificaron esta decisión como un «mazazo para los intereses de los argentinos» y señalaron que pone en serio riesgo la licencia social de la actividad. En este sentido, la federación refutó con firmeza la justificación habitual de las operadoras mineras respecto a la supuesta falta de idoneidad local, asegurando que la cadena de valor argentina está plenamente capacitada para encarar cualquier obra de infraestructura.

El comunicado cuestionó con dureza la modalidad de importar construcciones modulares prefabricadas en el exterior, argumentando que traer estructuras armadas «hasta con su último tornillo» desde países lejanos anula el valor agregado y socava el desarrollo de las comunidades. Frente a las próximas licitaciones de proyectos que ingresan en etapa de construcción, la entidad se declaró en estado de alerta permanente para evitar que este modelo se replique en otras jurisdicciones de la región cordillerana. Como cierre, FAPROMIN lanzó una advertencia directa sobre el marco normativo vigente, sentenciando que el RIGI perderá su razón de ser si las inversiones no dinamizan la economía interna y terminan repitiendo los errores del pasado.