En una sesión histórica, el Senado de la Nación dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares, marcando un cambio de paradigma en la relación entre minería y protección ambiental. La nueva normativa redefine los criterios de preservación, eliminando las restricciones genéricas y otorgando a los gobernadores la facultad de autorizar proyectos en zonas anteriormente vedadas. El espíritu de esta modificación de la Ley busca equilibrar la protección de los hielos eternos con el desarrollo económico de las provincias cordilleranas, permitiendo la explotación en áreas periglaciares siempre que se demuestre científicamente que no afectan las cuencas hídricas.

El impulso a esta reforma de la Ley responde a un pedido conjunto de los mandatarios de Salta, San Juan, Catamarca y Mendoza. Los gobernadores sostienen que la legislación anterior era excesivamente restrictiva y funcionaba como un freno para el desembarco de capitales bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con este nuevo marco legal, se espera que estudios técnicos modernos determinen con precisión qué áreas son vitales para el ecosistema y cuáles pueden quedar habilitadas para la extracción de minerales críticos como el cobre y el oro, bajo el amparo de la Ley reformada.

A pesar del avance legislativo, la Ley enfrenta una fuerte resistencia social. Mientras el proyecto se encamina a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, diversas organizaciones ambientales y sectores de la oposición han convocado a movilizaciones frente al Congreso. El conflicto se centra en la limitación de las audiencias públicas y el temor por el impacto en las reservas de agua dulce. No obstante, desde el oficialismo defienden la actualización de la Ley como una herramienta necesaria para la soberanía económica y la modernización de los estándares científicos en la alta montaña.